Borja Adsuara, Director General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información del Ministerio de Ciencia y Tecnología
“El DNI electrónico se plantea para cumplir con el deber que tiene el Estado de poner en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos en el acceso a la sociedad de la información”.

Asistimos hoy a un momento apasionante de la historia en el que se están sentando las bases reales, las reglas de juego, que habrán de regir las interrelaciones en la denominada sociedad de la información. Las instituciones políticas españolas –en el marco común europeo–, tiene sobre la mesa importantes proyectos legislativos y normativos al respecto, en los que las TIC, la seguridad y la confianza ocupan un papel estelar. De estos y otros asuntos trata la presente entrevista, realizada a Borja Adsuara Varela, Director General para el Desarrollo de la Sociedad de la Información del Ministerio de Ciencia y Tecnología.

– ¿Qué entiende por seguridad de los sistemas de información, y qué papel juega en el desarrollo de la sociedad de la información?

– Esta Dirección General orienta principalmente sus actividades hacia el usuario, no hacia el mundo profesional. Por otra parte, yo no soy un tecnólogo. Hechas estas dos acotaciones, le diré que el concepto que tengo de seguridad en TIC es exactamente el mismo que tengo de la seguridad en abstracto. La palabra seguridad viene de securus, que significa andar sin cuidado, no andar blindado. Cuando uno anda por la calle sin cuidado es porque tiene sensación de seguridad. Ésta, la seguridad, tiene tres componentes esenciales: el psicológico, el tecnológico y el jurídico. El elemento más importante en el contexto no es el tecnológico, que con ser esencial, ya cuenta con profesionales expertos que se deben ocupar de cubrirlo, sino el psicológico, porque es el que nos lleva a la confianza. Este factor pertenece al mundo de las sensaciones subjetivas, y ya sabe que en este universo, a igualdad de temperatura, hay personas que tienen frío y otras calor.
Tenemos, pues, un componente objetivo, el que permite conseguir técnica y profesionalmente entornos de TIC razonablemente seguros, y un componente subjetivo, que afecta a la sensación de seguridad del usuario. Para ganar la batalla psicológica, la batalla de la confianza, una de las herramientas básicas en la de informar, puesto que la falta de información produce inseguridad. Lo más recomendable para combatir los virus informáticos es usar las herramientas antivirus; pero no sólo, además hay que ofrecer información bien elaborada a fin de que las personas, los usuarios, puedan aprehender qué comportamientos son proclives a causar y padecer una infección, y cuáles minimizan este riesgo.
He dejado para el final, y no porque sea menos crítico que los anteriores, el componente de seguridad jurídica. Podemos avanzar en la implantación y uso de herramientas tecnológicas y normas de seguridad, podemos llevar a cabo campañas de información para fomentar la confianza, pero sin un marco jurídico que dé seguridad, fracasaremos. El tráfico mercantil en el entorno virtual necesita desarrollarse en un marco de seguridad jurídica.

– ¿Está resultando arduo el trabajo de elaboración del anteproyecto de ley de servicios de la sociedad de la información de comercio-e? ¿Para cuándo tendremos ley?

– La elaboración resulta compleja, ya que afecta a numerosas vertientes de nuestra sociedad. El Ministerio de Ciencia y Tecnología actúa de ponente en su desarrollo, pero el núcleo más intenso de trabajo ha correspondido a los Ministerios de Justicia y de Economía, con intervención importante de Sanidad y Consumo, y de Interior. El asunto es delicado, porque toca de lleno a diferentes áreas de nuestro ordenamiento jurídico, incluido el Código Civil. En todo momento hemos procurado no diferenciar el mundo físico del mundo digital, porque sólo hay un mundo, el de las personas de carne y hueso, que están en algún territorio con una legislación aplicable. El mundo romántico de los punto.com, hay que reconocerlo, no propicia la confianza. La Directiva tiene que estar incorporada a nuestra legislación antes de enero de 2002, y vamos a intentar adelantarnos a esa fecha. Con las lógicas reservas, esperamos que para antes de verano entre en el Parlamento para su tramitación.

“La legislación sobre firma electrónica se está desarrollando en paralelo con la de servicios de la sociedad de la información y con la de nombres de dominio”.

– Ya que menciona a las punto.com, hablemos de comercio electrónico vía web y de confianza.

– Con las reservas lógicas ante algo que se está todavía construyendo, le diré que es nuestra intención coordinar la legislación antedicha con la normativa que vamos a desarrollar sobre nombres de dominio. Al ser el .es un dominio con presencia efectiva en el territorio español, le será de aplicación una legislación y una normativa, a fin de conseguir una seguridad jurídica adecuada. Hemos escuchado las observaciones de más de cincuenta instituciones al respecto, a través del procedimiento de consulta pública, y, como sabe, hemos optado por no crear nuevos registros. El comerciante
electrónico no tiene por qué ser distinto al de toda la vida. Y un comerciante de toda la vida, cuando realice sus actividades por medios electrónicos, deberá indicar en su página web su número del Registro Mercantil, y en el Registro Mercantil se indicará cuál es su página web. Además se impondrán unas obligaciones de identificación acerca de sus datos esenciales, algo necesario para generar confianza en un medio que no permite el cara a cara.

– Han pensado arbitrar medidas, como por ejemplo la obligatoriedad de que al menos el servidor web de comercio se identifique técnicamente ante el extremo comprador. Me refiero al uso de los servicios comunmente llamados de servidor seguro.

– La ley de servicios de la sociedad de la información y de comercio-e, configura un marco jurídico y no entra en especificaciones técnicas, aunque sí fija conceptos que se van a desarrollar en por ejemplo la futura ley de firma electrónica y en el sistema de acreditación de prestadores.

– ¿Qué opina sobre la polémica surgida a raiz de la privacidad y el uso del correo-e por los empleados de empresas para usos particulares?

– El debate es positivo. Respecto a la utilización del correo-e por los empleados, conviene distinguir entre lo que es el medio, el correo-e, y lo que es la dirección de correo-e. Está claro que las direcciones de correo-e que pertenecen a la empresa, y que se tienen por razón del cargo, no sólo no son privadas, sino que con independencia de quién ocupe ese puesto, pertenecen a la empresa, como la dirección física a la que llegan los paquetes. Cosa distinta ocurre con las direcciones personales, que son, obviamente, privadas.
Por supuesto, en organizaciones y/o departamentos en los que la observancia de unas medidas de seguridad rigurosas resulta esencial, la cosa cambia, puesto que todos sabemos que el correo-e es una vía muy eficiente de entrada y salida de información, y una fuente potencial de problemas de seguridad. Existen herramientas tecnológicas cuyo propósito es controlar el uso de los recursos, y que son útiles para este fin sin necesidad de entrar materialmente en los contenidos de los correos-e, por ejemplo.

– ¿En qué fase de desarrollo se encuentra la futura ley de firma electrónica?

– España fue un país pionero en la materia, tras la publicación del correspondiente Real Decreto-ley, incluso antes de la aparición de la Directiva. Como sabe, un Real Decreto-ley se tiene que hacer por motivos de urgencia, y luego, estando vigente, hay un compromiso de tramitación como proyecto de ley. En la pasada legislatura se empezó a tramitar la legislación correspondiente como proyecto de ley, pero con la disolución de las Cámaras y la convocatoria de elecciones, decayó dicho trámite. Actualmente está previsto realizar la tramitación como proyecto de ley. La ley de firma electrónica se está desarrollando en paralelo con la ley de servicios y con la normativa de nombres de dominio, tres proyectos esenciales a efectos de la seguridad y confianza a cuya tramitación parlamentaria espero que podamos asistir este mismo año.

– ¿Se tiene previsto cambiar notablemente su contenido, en relación con el del Real Decreto-ley?

– Notablemente no, puesto que aunque la legislación vigente se publicó antes que la Directiva, obviamente se conocía el contenido de ésta. Digamos que se está enriqueciendo el texto con la experiencia acumulada y en los márgenes que permite la Directiva a los Estados miembro; por ejemplo, se van a desarrollar conceptos que en la legislación disponible están sólo apuntados.

– ¿Está en la misma coyuntura el sistema de acreditación de prestadores de servicios de certificación?

– También estamos trabajando en él, y, efectivamente, en paralelo con lo dicho y muy vinculado con Ceres y con el proyecto de DNI electrónico del Ministerio del Interior, dentro del plan de acción Info XXI. Todo tiene relación, empezando por el de la identidad digital. Por calendario, el sistema de acreditación de prestadores se encuentra en fases preliminares, y no me gustaría adelantar algo más concreto; no porque sea secreto, ya que como en la ley de servicios de la sociedad de la información, queremos ser muy abiertos, sino porque, en verdad, no estoy en disposición de decirle si va a cambiar o no va a cambiar mucho sobre el texto vigente, puesto que nuestra línea es aceptar observaciones y sugerencias al respecto.

– Uno de los proyectos, recogido en Info XXI, y como ha mencionado, consiste en proporcionar, además del DNI físico, uno parejo, que sirva para el mundo digital. ¿Le parece proporcional el revuelo que dicha iniciativa, por sus implicaciones, viene causando en muchos ambientes?

– Antes de entrar en materia le hago una precisión: uno parejo, como usted dice, o uno para todos los entornos. Bien, el plan de acción Info XXI contiene varias medidas referidas a la seguridad que se mueven en el contexto de ámbitos competenciales de varios Ministerios. A este Ministerio le corresponden las funciones de coordinación de Info XXI, y por ello quiero ser muy prudente. Obviamente, el DNI electrónico algo tendrá que ver con el departamento que tiene competencias sobre el DNI normal, en tanto que Ceres compete a la FNMT. En todo caso, son iniciativas importantes que hemos querido poner separadas, porque aunque puedan tener que ver, para empezar, y así se puso en el Plan de Acción, el DNI electrónico tiene una función igual a la que cumple el físico, que es la de identificación, en este caso digital. El DNI electrónico está enfocado a la identidad digital. No queramos correr más.
A medida que lo permitan no sólo los desarrollos tecnológicos en TIC, sino también los de administración electrónica, se podrá ir accediendo a más servicios públicos por medios electrónicos, y optando por los modelos más oportunos, en consonancia con la legislación sobre privacidad y con las distintas necesidades de seguridad de tales servicios. Ciertamente, existe la voluntad o el deseo de que no haya una multiplicación de tarjetas inteligentes para cada uno de los servicios de las distintas administraciones

– No sólo me estaba refiriendo a las administraciones, sino también al sector privado...

– Sabemos que un proyecto tan importante como éste puede solucionar, ante la inexistencia de un DNI electrónico, algunas funciones que otras iniciativas intentan cubrir, si bien es cierto que parcialmente, al no tener la posición del Estado, cuyo ámbito afecta a todos los ciudadanos. Pero, sinceramente, no debe pensarse que el proyecto se ha planteado para trastornar a estas iniciativas, sino en cumplimiento del deber que tiene el Estado de poner en igualdad de condiciones a todos los ciudadanos en el acceso a la sociedad de la información.

– Una de las iniciativas tomadas por el Ministerio de Ciencia y Tecnología ha sido la creación del Sistema de Alerta Temprana Antivirus. ¿Cuál es su estado del arte?

– Está en su fase inicial. Hemos trabajado intensamente con el MAP por el servicio que viene manteniendo; también con la RedIris, por el Cert, y con laboratorios especializados en otros países, y estamos avanzando. Está previsto que el Centro se presente dentro de poco en sociedad y en la estructura que se está actualmente ultimando de Red.es, la entidad pública empresarial creada justamente como apoyo a las acciones de desarrollo de la sociedad de la información. Su núcleo central es el de la gestión de nombres de dominio, pero a su lado se encuentra el área denominada Observatorio de la Sociedad de la Información, y otra específicamente dedicada a la seguridad, en la que se encuadra, en principio, el Sistema de Alerta Temprana Antivirus, aunque entra dentro de nuestros planes incorporar otras líneas de seguridad TIC. La idea es que Red.es se convierta en una entidad de referencia, una especie de vigía, frente a alarmas de seguridad y su análisis.

– ¿Se admite la colaboración del sector privado?

– Por supuesto. En el Observatorio de la Sociedad de la Información tenemos intención de trabajar con todas las entidades que manejan datos del sector para ponernos de acuerdo y crear unos indicadores comunes; en materia de seguridad dispondremos de un departamento en línea directa con todos aquellos que estén interesados en la materia: sensores, difusores, colaboradores... Desde esta área de seguridad de Red.es se pretende diseñar, en colaboración con la iniciativa privada y las administraciones, sistemas de seguridad, ya que se le va a dotar, muy posiblemente, de la capacidad de propuesta a la administración de regulaciones o de normas tecnológicas.

– España no dispone, en el contexto civil, de un Esquema Nacional de Evaluación y Certificación de la Seguridad de productos TIC. ¿Se va a hacer algo al respecto?

– Este particular se va a solucionar en breve, y para ello estamos trabajando en la materia junto a otros departamentos ministeriales. Créame, no puedo facilitarle más información.

– ¿Tendrá algo que ver en este asunto Red.es?

– Pudiera ser y pudiera no ser. Lo importante no es de dónde vaya a depender, sino que se preste esa función, llenando el vacío que ahora existe.

– Una última cuestión: existe intención de crear una Agencia Nacional de Seguridad, que entiendo debería tener competencias sobre algunos aspectos relacionados con la seguridad TIC. ¿Podría adelantar algo al respecto?

– Le contesto lo mismo que a su pregunta anterior: página en construcción.

Texto: José de la Peña Muñoz
Fotografía: Jesús A. de Lucas

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