Nuevos aires de competencia

El mundo que rodea a la certificación electrónica está revuelto. Cuando aún no se conoce el contenido preciso del texto definitivo de anteproyecto de ley de firma electrónica –al menos a fecha de cierre de esta edición–, y mientras se espera que aparezca en el BOE alguna prosa relacionada directamente con el DNI electrónico, el ministerio de Hacienda, mediante la Orden Hac/1181/2003, de 12 de mayo –ya en vigor– ha liberalizado la prestación de servicios de seguridad en las relaciones telemáticas con la AEAT (firma de declaraciones y otros documentos que puedan tramitarse por esta vía, así como la realización de otros trámites administrativos...), hasta hace poco basadas exclusivamente en certificados electrónicos expedidos por la FNMT-RCM. Como en otras ocasiones, bien puede decirse que Hacienda va abriendo camino.
Es un hecho que la atribución en exclusiva de la FNMT-RCM de la facultad de prestar servicios de seguridad para las comunicaciones EIT de las personas físicas y jurídicas con las administraciones públicas, es causa de notorio malestar entre otros PSC existentes, muy castigados además por los rigores de un negocio de lentísimo desarrollo, aunque seguro. La Orden de Hacienda rompe esa dinámica de exclusividad, que en su propio texto considera como de “carácter limitativo”. Incluso se afirma que con esta pieza legal “... Se viene a dar cumplimiento, a la vez, al principio de libre competencia en la actividad de prestación de servicios de certificación, en el ámbito de la Hacienda Pública”. La verdad es que mejor no se puede decir.

Sector privado

Pasa sin embargo que la FNMT-RCM, que ha disfrutado durante años de este privilegio, ha anunciado oficialmente su irrupción definitiva en el mercado privado a partir de septiembre de este año, escenario en el que tiene previsto ofrecer una caterva de servicios muy completa: hosting para PKIs a medida, posibilidades de uso de certificados Ceres, certificación de atributos, sistemas de notificación fehacientes, sistemas de custodia, sistemas de validación vía OCSP, sistemas de sellado de tiempo y validación y firma de transacciones centralizadas.
Paralelamente, la FNMT-RCM se encuentra actualmente en un momento de incertidumbre tecnológica, ya que ha manifestado su intención de disponer de otra tecnología específicamente para PKI, entre otras razones por su conocido desencuentro con Entrust. Todo indica que esa tecnología sería la de Baltimore, empresa que se encuentra actualmente en venta, tal cual se puede leer en su página web. Curiosa situación, cuyo desenlace se espera para no antes de finales de junio, salvo sorpresas.
En principio, todas las apuestas daban como elegida en esta operación a la tecnología de PKI de la española Safelayer, una de las pocas empresas especializadas en la materia que además de no replegarse en los mercados –como sí lo han hecho las citadas Entrust y Baltimore–, cuenta con importantes referencias tanto en el sector público (áreas no civiles incluidas), como en el privado; sin embargo, todo indica que a la Real Casa de la Moneda le seducen más los aires irlandeses.
Sea cual sea el desenlace de este culebrón, sí cabe hacer algunas reflexiones –polémicas sin duda–, fuera ya del asunto específico de la FNMT-RCM, aunque con lógicas vinculaciones. Una de ellas es que el uso futuro del DNI electrónico deja en vía muerta el supuesto negocio de emitir certificados de identidad y de firma para personas. La otra resulta también muy evidente: que la ampliación de las actividades en virtud de las que una entidad puede ser PSC a bastante más que la emisión de certificados, contemplada en el último borrador público de anteproyecto de ley de firma electrónica, marca en el medio plazo el rumbo del futuro.

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