La Junta de Andalucía se retrata
Que una organización se ponga manos a la obra para disponer de un sistema tecnológico seguro de apoyo a la gestión de “identidades”, es un indicador específico de su apuesta por la modernización orientada a la eficiencia y a la excelencia en el servicio. Y si esa entidad fuera una administración pública, estaríamos ante un indicador que señala que su apuesta por la llamada administración electrónica sí avanza, que no va de boquilla.
Este es el caso de la Junta de Andalucía, convocante de un concurso para dotarse de un Sistema de Gestión de Identidades y servicios asociados con alcance para todos los ciudadanos, aunque a los efectos de implantación se considere el conjunto de la administración autonómica, es decir, los servicios centrales de todas las consejerías, del Servicio Andaluz de Salud, del Servicio Andaluz de Empleo, de los institutos andaluces de Administración Pública, de la Juventud, de la Mujer, de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de Producción Ecológica, del Instituto de Estadística de Andalucía, y de la Agencia Andaluza del Agua, además de todos los colectivos asociados a la Junta de Andalucía.
El presupuesto máximo del proyecto (complejo y comprometido para quienes han presentado ofertas, –tres empresas y cuatro utes– y más para quien resulte “ganador”) alcanza los cinco millones de euros. Y decimos complejo y comprometido por su gran calado futuro, y por las condiciones expresadas en el pliego, una de las cuales ha obligado a la presentación de un piloto para concurrir.
El pliego de condiciones técnicas del concurso debería ser de lectura obligada para todos aquellos responsables de las áreas pertinentes de ese puñado de administraciones autonómicas (y no autonómicas) que deberían acelerar su ritmo de compromiso con la eAdministración, porque estamos entrando en un punto en el que este tipo de desfases podrían provocar una brecha en materia de identidades: a un lado los que sí las pueden gestionar homogénea y globalmente, y al otro, los que no.
Este es el caso de la Junta de Andalucía, convocante de un concurso para dotarse de un Sistema de Gestión de Identidades y servicios asociados con alcance para todos los ciudadanos, aunque a los efectos de implantación se considere el conjunto de la administración autonómica, es decir, los servicios centrales de todas las consejerías, del Servicio Andaluz de Salud, del Servicio Andaluz de Empleo, de los institutos andaluces de Administración Pública, de la Juventud, de la Mujer, de Investigación y Formación Agraria, Pesquera, Alimentaria y de Producción Ecológica, del Instituto de Estadística de Andalucía, y de la Agencia Andaluza del Agua, además de todos los colectivos asociados a la Junta de Andalucía.
El presupuesto máximo del proyecto (complejo y comprometido para quienes han presentado ofertas, –tres empresas y cuatro utes– y más para quien resulte “ganador”) alcanza los cinco millones de euros. Y decimos complejo y comprometido por su gran calado futuro, y por las condiciones expresadas en el pliego, una de las cuales ha obligado a la presentación de un piloto para concurrir.
El pliego de condiciones técnicas del concurso debería ser de lectura obligada para todos aquellos responsables de las áreas pertinentes de ese puñado de administraciones autonómicas (y no autonómicas) que deberían acelerar su ritmo de compromiso con la eAdministración, porque estamos entrando en un punto en el que este tipo de desfases podrían provocar una brecha en materia de identidades: a un lado los que sí las pueden gestionar homogénea y globalmente, y al otro, los que no.
