La Junta de Castilla y León, a fin de mejorar el servicio al ciudadano, va a habilitar la operación completamente por canales electrónicos con la confianza necesaria para que estos medios tengan la validez requerida por el proceso que soportan. La garantía jurídica de los documentos electrónicos viene dada por la capacidad de vincular el documento a un origen y por la confianza de que el contenido es correcto en el momento que se requiere como elemento probatorio. La firma electrónica no es suficiente: resulta necesaria una Plataforma de Custodia Electrónica, elemento clave del proyecto.
